Sánchez pidió a Von der Leyen que Bruselas no le equiparara con Orbán tras el fallo del Constitucional

Tras el varapalo del Tribunal Constitucional al Gobierno por la reforma del sistema de elección de los magistrados, la principal preocupación de Pedro Sánchez era la posible crítica de Bruselas a su gabinete. Por eso, a primera hora de la mañana de este martes, Sánchez se puso en contacto «de manera informal» con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Úrsula von der Leyen. Le pidió que el Gobierno comunitario evitase equiparar a España con la Hungría de Viktor Orbán o Polonia, contra los que la CE se ha despachado a gusto. En el caso húngaro, además, Bruselas se niega a rebajar las sanciones impuestas.

Y así fue en la rueda de prensa diaria que se celebra en Bruselas. El portavoz comunitario, Christian Wigand, optó este martes por la prudencia a la hora de comentar la decisión del Constitucional para congelar la reforma impulsada por los partidos del Gobierno socialcomunista. Aseguró que la Comisión Europea estaba al corriente del fallo y se limitó a pedir «a todas las autoridades y partes nacionales» que actúen «acorde a las reglas y procedimientos» nacionales en esta situación. Una posición muy laxa en comparación con la que tuvo en su día Bruselas con el Gobierno de Orbán por una situación similar. Sin embargo, España sí podría entrar en la lista negra en junio, si no se alcanza un acuerdo previo, en la revisión que la CE hace cada año de los sistemas judiciales de cada estado miembro.

«Normalmente, no comentamos sobre decisiones judiciales. Esperamos que todas las autoridades nacionales y partes actúen acorde a las reglas y procedimientos a nivel nacional», dijo Wigand. Ya en privado, sin embargo, fuentes de la Comisión Europea trasladaron a los periodistas que los estándares europeos para las reformas judiciales de calado requieren que se consulte previamente a todas las partes implicadas, como a los órganos de jueces, a los fiscales o incluso a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa en ciertos casos, antes de presentarse a la tramitación.

En paralelo a la petición de este favor por parte de Sánchez a Von der Leyen, Moncloa asumió la necesidad de «rebajar el tono» en las críticas empleadas contra el Poder Judicial. El primero en dar muestra de ello, esa misma mañana, fue el presidente del Gobierno. Ni rastro de los «complots» que denunciaba una semana atrás desde Bruselas. Ayer Pedro Sánchez dijo acatar la decisión de los tribunales e insinuó utilizar «todos los mecanismos al alcance» del Gobierno para ejecutar la reforma legislativa para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Eso sí, mediante un procedimiento más acorde a la ley y con los preceptivos informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y de los fiscales.